Con la crisis instalada a sus anchas, empiezan, de manera paulatina, lo que podríamos llamar efectos secundarios. Más allá de las grandes cifras macroeconómicas, de los derrumbes bancarios, del decrecimiento, del peligro de la deflación, del precio del dinero… las consecuencias de la crisis están afectando a la vida cotidiana de muchos ciudadanos. El paro, por supuesto, es el fantasma principal, por desgracia convertido en protagonista, cada vez con más familias afectadas, 3.320.000 más o menos en España.
El Gobierno ha decidido apoyarse en los Ayuntamientos y ha puesto encima de la mesa un Fondo de 8000 millones de euros para que se pongan a hacer inversiones y que a la vez se cree empleo. Dicen los promotores de la iniciativa que así se van a generar 200.000 puestos de trabajo en los primeros meses de 2009. Ojala se cumplan sus previsiones, pero conste que esa cifra es inferior al número de empleos que se están perdiendo cada mes en los últimos tiempos. Vamos, que como no se tomen otras medidas mucho más contundentes, ésta va a servir de muy poco, aunque menos da una piedra...¡Peligro, peligro! Porque la improvisación ha desembocado en proyectos de inversiones que no responden a primeras necesidades y/o a demandas vecinales, suponiendo un gasto inerte de dinero público que no va a generar infraestructuras y bienes que sirvan de motor para el despegue económico futuro.
¡Alerta, alerta! Porque se puede convertir en una avalancha de obra pública ejecutada con escaso control de calidad por parte de los ayuntamientos y que solo sirvan para cubrir el expediente justificando el gasto en la misma.
¡Cuidado, cuidado! Pues la mayor parte de los ayuntamientos no disponen de estructura para controlar la contratación de personal para la realización de las obras. De hecho, obliga el plan a contratar parados/as del municipio con lo que se están dando casos de despidos esperando la obtención de estas obras para volver a contratar a los despedidos.
En definitiva, se trata de una “ocurrencia” cara del gobierno del PSOE que no es justa, pues inyecta la misma cantidad de dinero por habitante independientemente de la tasa de paro que cada zona tenga. Además se centra en trabajos de construcción, no del sector innovación, social o industrial; es decir, de escaso futuro. Una idea cara, 8000 millones, que solamente, y en el mejor de los casos, va a suponer el disminuir la sangría de puestos de trabajo existente en la construcción.De todos modos, lo que nos toca aquí y ahora es estar muy al loro del destino que se le van a dar a los 2 millones y pico de euros que le han tocado a Badia del Vallès…. El equipo de gobierno (PSC) ha presentado estos proyectos:
· 170.221’73 Euros para Pintar los coles: LA JOTA, 42.180,26€; LA SARDANA, 42.249,71€, CEIP LAS SEGUIDILLAS 43.151,83€ y La MUÑEIRA con 42.639,93 de euros.
· En Una Pista deportiva en el Cole las Seguidillas, se gastarán 175.943,77 de euros y en servicios del patio del cole la Jota otros 26.000 euros más
· Piensan gastarse 997.733’48€ (un millón de euros) en el campo de futbol, en crisis, tienen que priorizar más las necesidades de los vecinos.
· 700.000 euros en una escalera mecánica.
· Aparcamiento de La calle Zaragoza, 400.000 euros.
· En total los socialista dicen que se gastaran 2.473.410,30 de euros
Desde ICV-EUiA hemos trasladado al equipo de gobierno nuestra preocupación por los mecanismos creados para controlar la finalidad de este plan: la creación de ocupación. Además también creemos que no se va a poder afirmar con seguridad que sean parados de Badia quienes ocupen estos puestos de trabajo.
También hemos pedido que se informe detalladamente el seguimiento de los proyectos, no vaya a ser que quede muy bien en el papel y luego pase que no se ejecuten correctamente todas las inversiones previstas.Creemos que sería importante la implicación de la asociación de vecinos en este proceso. Es una buena oportunidad para practicar la democracia participativa, que no es ni más ni menos que intervenir en el proceso de toma de decisiones que nos afectan. Esto podría significar un aprendizaje de control del dinero público, poniendo en práctica una máxima del sistema democrático: el control del gobierno por parte de los gobernados a través de asociaciones de la sociedad civil. Nada más sano que más transparencia en estos tiempos de crisis extrema.
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